Con la finalidad de promover ética y la integridad pública, la Comisión Presidencial contra la Corrupción desarrolló un documento que contiene “Directrices para fomentar la ética e integridad pública en las entidades del Organismo Ejecutivo” en las cuales se establecen parámetros éticos que los funcionarios, empleados públicos, prestadores de servicios técnicos y profesionales, consultores y asesores deben poner en práctica en el desarrollo de las actividades que realizan en la administración pública.
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